MANUEL MARTÍNEZ-SELLÉS

Un ataque intolerable a la libertad de los colegios profesionales

La deontología dejará de estar en las manos de los que, de verdad, tienen los conocimientos y los valores para defenderla y se tendrá que adaptar a las exigencias de cada gobierno de turno

Entre tanta distracción mediática ha pasado casi desapercibida la modificación de Real Decreto publicada, precisamente, el 1 de mayo. Esta modificación exige que los colegios profesionales de ámbito nacional y consejos generales sometan sus propuestas de códigos deontológicos, o de modificación de los mismos, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para su «evaluación» antes de su aprobación.

Esta nueva norma permitirá la censura de dichas normas éticas, convirtiendo al gobierno en un Inquisitor Generalis que controlará todos los códigos profesionales. Pongamos el ejemplo del Código Español de Deontología Médica, presentado hace un año en el Congreso de los Diputados.

¿Alguien se cree que alguno de sus artículos hubiera escapado a esta nueva censura? Nuestro código, de obligado cumplimiento, dice, por ejemplo: «El médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente»; «El ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico, desde la concepción hasta la muerte. Es un deber deontológico respetar y proteger al concebido y no nacido.»; «El médico está al servicio de preservar la vida a él confiada en cualquiera de sus estadios...» y «La objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia del ejercicio profesional».

No seamos ingenuos, la modificación de este real decreto cambiará para siempre las normas que rigen la ética profesional. La deontología dejará de estar en las manos de los que, de verdad, tienen los conocimientos y los valores para defenderla y se tendrá que adaptar a las exigencias de cada gobierno de turno.

Es grave que se intente acabar con la independencia de los jueces, o de los medios de comunicación, pero, lamentablemente, han acabado ya con la independencia de los colegios profesionales. Solo la vía judicial podrá poner remedio a este despropósito.